18.5.08

"La delirante condena de Franky"

http://llibertatfranki.org/

Mi bisabuelo, hombre rudo del Empordà, resumía su filosofía de vida con una frase que era todo un grito libertario: “Banderes són draps, com naranjas són taronges”. Nunca he sabido el porqué del particular símil cítrico con la simbología, pero lo cierto es que la frase hizo fortuna entre los miembros de mi familia, y la fuimos adoptando de generación en generación. Y así, amando los símbolos que definen nuestra identidad catalana, también aprendimos a rebajar su trascendencia, y a entender que por encima del amor a un símbolo, existe el derecho a no creer en él.

Es decir, que las banderas y los símbolos, especialmente los patrióticos, son importantes para los pueblos, pero aún es más importante el derecho de sus ciudadanos a expresarse en su contra. Es lo que la legislación norteamericana considera el “derecho primigenio de la libertad de expresión”, incluso por delante del derecho del Estado a preservar su simbología. Dicho en plata. Uno puede quemar la bandera norteamericana delante de la mismísima Casa Blanca, y no le pasa nada, porque las barras y estrellas no son, para la Constitución norteamericana, más importantes que los propios ciudadanos. En este aspecto, se nota que fue una Constitución inspirada por preclaros masones…

La cuestión, que no es baladí, daría para muchos artículos y, por supuesto, no es la primera vez que se plantea. ¿Tiene que estar penado el ultraje a la bandera? Poco importa que pensemos que no, que no es pertinente un castigo penal por despreciar un hecho simbólico. Y poco importa, porque lo cierto es que está seriamente penado, y teóricamente dicha pena concierne al ultraje a cualquiera de las banderas oficiales del Estado. En la práctica, sin embargo, en España sólo se ha castigado penalmente el ultraje a la bandera española.

Los grupos de extrema derecha, por ejemplo, especialmente los valencianos, que adoran ultrajar los símbolos catalanes, a menudo violentamente, nunca han tenido ningún problema con la justicia. Y, en sentido contrario, cualquier bandera española rozada, manoseada, descolgada, rota, quemada o etcétera, ha merecido severos castigos penales. Es decir, en España la legislación que castiga penalmente el ultraje a la bandera nació para proteger exclusivamente a los símbolos españoles, y su inspiración no es de corte democrático, sino claramente colonial. De ahí que los castigos que se derivan sean tan desproporcionados.

El último capítulo de ese castigo penal por un delito político lo ha protagonizado Francesc Argemí, más conocido como Franki,cuya sentencia de cárcel se ha ejecutado seis años después del juicio, en coherencia con el descomunal caos que vive la justicia. Su historia es un baúl de despropósitos que contiene desde un juez con pasado militar franquista, hasta la inexistencia de pruebas de su presencia en los actos juzgados, para acabar con una pena - por ultrajar la rojigualda- que es similar al castigo que recibió el ínclito Farruquito por conducir a alta velocidad sin carnet, matar a una persona, huir del lugar, pagar a un taller para esconder pruebas e intentar cargar la culpa a un hermano. Es decir, tiene más valor un trapo simbólico, que la vida de un ciudadano. Si, además, leemos en la sentencia que no se pudo probar la presencia de Franki en el lugar de los hechos (él siempre negó dicha presencia), y sumamos lo conocido, que Franki era un líder alternativo, y que era bien conocida la ideología españolista del juez, el resultado es previsible y… delirante.

Hoy Franki está en la cárcel, sentenciado a más de dos años de prisión, por el delito de ultraje a la bandera y los consiguientes de altercado y desacato a la autoridad. Sin ninguna duda, es un preso político y su entrada en prisión no persigue castigar un delito, sino, claramente, castigar un pensamiento político. Que después de más de treinta años desde la muerte del dictador, y con gobiernos socialistas por doquier, aún ocurran estas cosas, nos da la medida de la frágil salud de la democracia española. O, peor aún, del miedo que tiene España a la libre disidencia de los ciudadanos

Pilar Rahola | 11/05/2008 |

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